CARTAGENA.- La crisis económica por la reconversión industrial estaba en todo su apogeo y la ciudad se apagaba por momentos. La pobreza y la prostitución forzada hicieron su aparición en muchas familias obreras y aquello presagiaba un conflicto de envergadura. El ambiente estaba cargado de tensa calma. Empresas como "Metalúrgica de Peñarroya", "Fesa-Enfersa", y hasta "Bazán", se derrumbaban o parecía que podían hacerlo. Mientras tanto, los políticos nacionales y regionales gobernantes se perdían en palabras y no arbitraban las soluciones de emergencia que aquella situación requería.
Las fuerzas vivas de la ciudad y todos sus habitantes estaban indignados con la pasividad e incompetencia de la clase política de la época ante su falta de sensibilidad durante un largo proceso de huelgas generales masivas y manifestaciones multitudinarias pero pacíficas, que condujo finalmente a una situación social insostenible y crispada. De ahí que la ciudadanía se sumase espontáneamente a las protestas de los huelguistas y participase en el apedreamiento de la sede de la que consideraban inoperante Asamblea Regional. Se repetía lo que una semana antes ya había tenido lugar en Murcia, frente al Palacio de San Esteban y la Delegación del Gobierno, por parte de 2.000 obreros sin un futuro claro.
La fecha elegida por los manifestantes era la de comparecencia de Collado ante la Cámara para explicar la compra por la Comunidad Autónoma, y posterior cesión gratuita a la multinacional norteamericana "General Electric", de los terrenos de la finca "Casagrande" en la pedanía cartagenera de La Aljorra ante su negativa a instalarse en el polígono industrial de "Los Camachos". El excesivo precio pagado, el doble de su valor anterior, había levantado no pocas sospechas sobre terceros beneficiados y el entonces presidente murciano tenía que responder a las preguntas y dudas de los diputados de la Oposición.
El contraste entre los temas que requerían la atención de la Asamblea Regional y las urgencias crecientes no atendidas de la sociedad cartagenera en crisis, era un caldo de cultivo perfecto. La reconversión había producido una crisis general de todo el sector público industrial comarcal, que había desembocado, durante más de tres meses seguidos, en un estado general de huelgas de hambre y protestas en la calle ante la casi total indiferencia de los políticos responsables.
Los sindicatos de clase, UGT, USO y CC. OO., mantenían una postura de lucha contra la resignación y la falta de soluciones en la Mesa de Negociación después de que se perdieran en muy poco tiempo 15.000 empleos en la comarca de Cartagena, lo que hizo pensar en el hundimiento de la ciudad por mucho tiempo. Esa sensación produjo la necesidad de manifestar públicamente una gran protesta como colofón a toda una serie anterior de pequeñas manifestaciones y huelgas de hambre en iglesias e instalaciones portuarias.
La mañana del día 3 de febrero de 1992, los nuevos parados industriales fueron convocados ante la Asamblea Regional para hacer patente su protesta y desacuerdo con la gestión de nuestra clase política autóctona ante un proceso que no quería, o no podía atajar, y que tuvo como consecuencia general más inmediata la depresión económica más importante de nuestro tiempo en la Región de Murcia. El teórico riesgo de asalto general a la Asamblea, que entrañaba convocatoria de semejante magnitud aconsejó a la delegada del Gobierno, Concepción Saénz, reclamar al Ministerio del Interior dotaciones antidisturbios acuarteladas fuera de la Región y desconocedoras del verdadero ambiente que se respiraba en Cartagena, donde el cierre de una empresa enlazaba con el de otra, desde 1990.
Hubo una última mediación con los sindicatos por parte del alcalde socialista de la ciudad, en aquel momento José Antonio Alonso, para evitar lo que, finalmente, se produjo por la desproporción de despliegue y actuación de la fuerza pública. En efecto, el acuerdo alcanzado de poder alcanzar la manifestación la acera frente a la Asamblea no fue respetado por la delegada del Gobierno, Concepción Saénz, y la Policía bloqueó doscientos metros antes el Paseo de Alfonso XIII para impedir que los manifestantes expresasen su protesta ante el mismo Carlos Collado, con la entrega personal de un escrito, y el resto de los diputados del PSOE. Saénz cambió las medidas de seguridad sin consultar con Alonso ni Miguel Navarro. Esa decisión se interpretó como una última provocación más del Poder y dio lugar a que los ánimos se calentasen en exceso.
Ante las evidencias de enardecimiento de los manifestantes y la ciudadanía que les apoyaba, Saénz ordenó, sin reflexión, al comisario, la carga policial contra una población pacífica y unos obreros que, hasta el momento, no habían dado la más mínima muestra de querer un enfrentamiento violento pese al tumulto que ya se había formado. Pelotas de goma y botes de humo hicieron su aparición en aquel firmamento. La gente no se achantó y la emprendió con piedras contra la fachada principal del Parlamento regional, hasta romper sus cristales. Por ahí penetraría luego el "cóctel Molotov" que originó el incendio de la tarde y el pánico entre los diputados y funcionarios que todavía no lo habían evacuado tras los incidentes de la mañana.
Luego el caos se apoderó de todo y volaron bolas de hierro, tornillos soldados, piedras y bengalas, desde la acera de los edificios universitarios. No fueron pocos los que alcanzaron el propio despacho del Presidente. Los diputados, ya en el salón de sesiones, trabajaban con cierta normalidad y sin la percepción real del riesgo que estaban corriendo debido a la intensidad del debate propiciado por la Oposición. Unos cuantos manifestantes pretendieron asaltar el edificio, blindado por los antidisturbios. Se arrancaron marquesinas, papeleras, señales de tráfico, semáforos. Milagrosamente, sólo milagrosamente, no se produjeron muertes, aunque sí cuarenta heridos entre civiles y agentes. Ocho vehículos aparcados en la zona resultaron calcinados así como treinta contenedores de basura.
Cartagena entera se estremeció al conocer por radio lo ocurrido. Cientos de ciudadanos que no habían asistido a la manifestación, y empleados de otras empresas que habían finalizado su turno, corrieron hasta el lugar y se sumaron a los manifestantes, hasta las 3.000 personas, para hacer frente a las fuerzas del orden. El pleno de la Asamblea Regional se desarrollaba con la asistencia incluso de la propia Concepción Saénz, mientras en el exterior arreciaba la protesta y crecía el número de personas que gritaban y recriminaban. Los periodistas con acreditación visible éramos los únicos que, no sin cierta dificultad, podíamos entrar y salir libremente del edificio-sede parlamentaria, absolutamente rodeado de fuerzas especiales.
Los diputados Ramón Ortíz y Pedro Antonio Ríos solicitaron al presidente Miguel Navarro la suspensión, incluso aplazamiento, de la comparecencia de Collado para salir a la calle, hablar con los manifestantes, y negociar algún tipo de declaración institucional que calmara los ánimos, toda vez que policías heridos habían tenido ya que ser atendidos dentro del edificio por dos diputados que eran médicos, Teba y Martínez Cachá. Miguel Navarro no accedió por los precedentes que ya existían de práctico secuestro de la Cámara en aquellos meses, y además no quería transmitir una falsa sensación de debilidad. Juan Ramón Calero, líder de la Oposición, se mostró de acuerdo con esa decisión por considerarla correcta.
Al acabar el Pleno, mucha gente seguía en el exterior y fueron muy pocos los diputados que lograron indemnes abandonar el edificio. La mayoría permaneció en su interior ante el cariz que tomaban los acontecimientos y la insuficiencia de agentes antidisturbios para la gran masa humana ya concentrada. El miedo se apoderó de muchos funcionarios y diputados, incluido Collado, ante la advertencia policial de que no se garantizaba la seguridad de nadie que optase por salir a la calle. Sólo hacia las cuatro de la tarde los exteriores pudieron ser medianamente despejados. Los incidentes habían perdido ya mucha intensidad, los diputados pudieron evacuar la sede parlamentaria, y el dispositivo policial se redujo considerablemente.
A las cinco de la tarde, una vez que la Policía prácticamente se retiró, alguien no identificado, desde un grupo incontrolado de manifestantes por el exiguo retén policial, lanzó un certero "cóctel Molotov" por una ventana rota del salón de actos del edificio, que comenzó rápidamente a arder como una tea en dos puntos distintos de la primera planta, justo bajo el despacho del presidente de la Asamblea Regional. Dos columnas de humo negro se alzaron y pudieron ser vistas desde todos los puntos de Cartagena mientras los funcionarios se arriesgaban con los extintores en espera de los bomberos, desde cuyo parque se avisó a José Antonio Alonso. Se detuvo a tres personas.
Miguel Navarro, sinceramente desolado, repasó luego los daños en presencia de algunos periodistas que se lo pedimos, y atendió al alcalde de la ciudad, que se presentó en el lugar cuando las llamas estaban ya sofocadas. Todos pedían la "cabeza" de la delegada del Gobierno.
(El Mundo, 4 de abril de 1992)
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